La sociedad entrerriana, sus fuerzas vivas y parte de la dirigencia política y sindical de entonces le torcieron el brazo a la privatización de la represa Salto Grande, impulsada por el gobierno de Carlos Menem. Pero la deuda respecto al costo de la energía todavía se mantiene.
En mayo pasado se cumplieron 27 años del plebiscito de 1995, el primero luego de la reforma constitucional de 1994 en el que la ciudadanía de la región se expresó en las urnas, a la par de las elecciones generales y luego de una demostración de unidad y movilización social inusitada, en contra de la privatización de la represa hidroeléctrica de Salto Grande.
El 90% expresó el rechazo a la privatización. El gobierno presidido por Carlos Saúl Menem, que obtuvo su reelección con el 50% de los votos en esa misma fecha, ya había adoptado la impronta neoliberal que guiaba al continente, confesada con un inmortalizado fallido de su ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi: "Nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado”.
Así fue como la ola privatizadora empezó a deshacerse de todo patrimonio público, hasta que chocó contra una “represa” de multitudes de distintos colores, credos y nacionalidades que se unieron por un objetivo común: evitar la venta de Salto Grande. Militancia, reuniones, asambleas, marchas, actos, una gestión sindical organizada y un pueblo empoderado lograron una consulta popular no vinculante, cambiándole el rumbo a un destino de venta que parecía inevitable.
En ese entonces, Rubén Porres era secretario general de la Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande (ATU Salto Grande) y recuerda que “un representante del gobierno uruguayo realizó una serie de declaraciones en España. Esa persona que estaba allí representaba a la empresa de energía uruguaya UTE (Usina de Transmisiones del Estado) y declaró que si se vendía la represa de Salto Grande la UTE adquiriría la parte argentina. Se encendió en nuestros ánimos una señal de alarma. Ante esa noticia y las repercusiones que produjo en Entre Ríos, ATU inició una serie de reuniones con autoridades políticas y gubernamentales, como por ejemplo, con Pedro Busti, el ingeniero Hernán Orduna, el diputado Martínez Garbino, el ex fiscal del Estado Barrandeguy, el diputado nacional Alcides López, el doctor Arnaldo Bocca, dirigente político y economista, el concejal Alberto Rotman, directivos de CTM y otros, con documentos preparados por la propia Mesa Coordinadora (integrada por SIATRASAG Y ATU Salto Grande). Aprovechamos estas entrevistas para presentar nuestra posición e ilustrar a todos ellos con los elementos a nuestro alcance. Nadie podía decir ‘a mí no me avisaron’…”
Tarifa de luz
Afortunadamente, la visión de futuro que tenía la comunidad de Concordia permitió avanzar en la dirección opuesta a la que iba la mayoría. Mientras decían que los ferrocarriles perdían un millón de dólares por día, Salto Grande generaba un millón de ganancias por día (¿por qué se debería privatizar, entonces?), esa situación la comunidad la pudo explotar a su favor.
Sobre aquel proceso, Rotman recordó: “Empezamos con reuniones pequeñas que, poco a poco, se fueron haciendo más grandes hasta llegar a ser multitudinarias. Hicimos una gran asamblea en la Escuela Normal, abarrotada de gente por todas partes. Me acuerdo que vino el colorado Hernán Burna de Federación, con mucha gente. Hicimos también una gran asamblea en Federación. Hicimos una marcha a Salto Grande y realizamos una movilización a la represa que fue impresionante. Hicimos un acto en la puerta de la municipalidad con la calle llena de gente. Me acuerdo que vino Héctor Maya que era senador a dar un discurso también y no pudo seguir hablando porque dijo: ‘yo estoy en contra de la privatización de Salto Grande, pero estoy con Menem’. Cuando dijo eso lo empezaron a silbar de tal manera que no pudo seguir…”
“Salto Grande es un gigante dormido que todavía tiene una deuda impaga con la región y con la sociedad que la defendió. Tiene una deuda que significa brindar energía promocional para que vengan empresas electro intensivas a instalarse para dar trabajo en nuestra zona y desarrollen tecnológicamente a nuestra región. Para que nos de agua doméstica y sanitaria, hacer navegable el río Uruguay y facilitar el riego de las tierras productivas”, expresó Rotman, tiempo atrás.
“Salto Grande tendría que ser un polo de desarrollo global para la zona. Nosotros tenemos que seguir reclamando lo que nos pertenece, por los objetivos por lo que se construyó Salto Grande y por todo lo que la región entregó. Hay que acordarse que acá se anegaron 70 mil hectáreas para el lago de Salto Grande. Tampoco hay que soslayar que uno de los motivos de la pobreza en la región se debe a que, sólo del lado argentino, trabajaron unos 2.500 obreros para su construcción, que vinieron desde todas partes de país y muchos se quedaron a vivir porque la promesa era que Concordia iba a ser un faro de desarrollo. Muchos de ellos terminaron aumentando los índices de pobreza y desocupación en la zona. Salto Grande todavía nos debe más de lo que nos dio”, agregó.
Hoy, Entre Ríos tiene tarifas de energía muy desfavorables, llegando a triplicar las tarifas más baratas de Argentina. Es toda una paradoja, ya que lo producido por la represe hidroeléctrica bastaría para abastecer el consumo de toda la provincia. La deuda con la sociedad que la defendió todavía es grande y poco se ha hecho al respecto.