El fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos se refirió al reclamo que se elevará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Detalló que los plantes judiciales por Salto Grande y fondos jubilatorios irán por causas separadas.

En diálogo con Diario Río Uruguay, el Dr. Julio Rodríguez Signes, Fiscal de Estado repasó algunos antecedentes de este tipo de planteos, en donde un gobierno entrerriano haya demandado al estado nacional y trajo a colación “lo del año 2019, cuando el presidente Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia para modificar la alícuota al impuesto a las ganancias y al IVA, perjudicando la coparticipación”, que se desarrolló a través de “una medida cautelar”.

Por otro lado, comentó que “en los años 2008-2009, las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe salieron de los pactos fiscales y reclamaron que no se les descontara más el 15%”. Además, recientemente “Córdoba y La Pampa han demandado” al gobierno nacional.

No obstante, Rodríguez Signes reconoció que “una demanda contra el estado nacional por ANSES y por Salto Grande de esta magnitud, por una deuda que objetivamente tiene la Nación, no hay otro caso”, teniendo en cuenta que “el gobernador ha sido decidido a que, agotada la vía administrativa que él mismo inició, se judicializara el reclamo”.
Dos reclamos y dos caminos
En cuanto a las cuestiones que se plantean ante la justicia, el fiscal precisó que “son dos demandas distintas”, dado que “Salto Grande es por excedentes que nos deben desde junio de 2023 y todo el 2024”, motivo por el que “todas las obras que la CAFEG contrata están suspendidas porque carecen de recursos”.

En el caso de los fondos provisionales, apuntó que se trata de “150 mil millones de pesos, una cantidad enorme, aunque no representa el perjuicio que sufrió la provincia en los pactos fiscales por los cuales cedíamos la coparticipación". Una serie de acuerdos que también contemplaban que "el Estado Nacional tenía que cumplir con la obligación de cubrir el déficit provisional y nunca lo hizo”.

Sobre este punto, detalló que, por aquellos acuerdos fiscales, “la provincia aportó el 15% de coparticipación y, a día de hoy, son billones de pesos". Pero como contraparte, "resulta que el déficit provisional nunca se cubrió”, por lo que representa “una injusticia”. A modo de ejemplo, indicó que “una masa salarial de la provincia, es decir un mes de sueldos, representa prácticamente 100 mil millones de pesos”.
El proceso
En comparación con casos anteriores que llegaron a la justicia reclamando al Estado Nacional, como un reciente planteo de CABA,, Rodríguez Signes reconoció que “mucho depende de la complejidad del caso y de la prueba”, sobre lo que manifestó que “nuestro reclamo es muy objetivo y no hay prácticamente margen de duda respecto al derecho aplicable”.

Según sus palabras, esto se debe a que “hay una violación de los pactos fiscales y de los compromisos de Anses, por lo tanto, el margen de discusión es acotado” y aclaró que “la liquidación, la suma que reclamamos, está muy estudiada y analizada por los técnicos de la Caja de Jubilaciones”.

Históricamente, agregó que “en temas de coparticipación donde está clara la situación, la corte ha dado la razón”, como en el caso de la provincia de Entre Ríos “en 2019, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2021-2022 y a San Luis, Córdoba y Santa Fe, a pesar de que fue muy discutida la razón”, por lo que “tengo muy buenas expectativas”.
El planteo de Entre Ríos
Consultado sobre la celeridad de resolución que se espera para el reclamo , Rodríguez Signes remarcó que “nosotros planteamos, junto a la demanda, una medida cautelar para que tenga una respuesta rápida”, teniendo en cuenta que “es bastante compleja la cuestión”.