Desde la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer-25N, se recuerda que la violencia contra la mujer deviene de la desigualdad estructural que sufren en el mundo, de la que Argentina no es ajena. Este tipo de discriminación es sufrida por más de la mitad de la población, que está integrada por mujeres.

En Entre Ríos, según consta en el Registro Judicial de causas y Antecedes de violencia (REJUCAV) se han recepcionado más de 15.000 denuncias que se tramitan en fuero de familia, civil, laboral y penal entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2022.

La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Es un mecanismo de perpetuación del sometimiento de la mujer y se expresa en los distintos ámbitos en los que desarrolla sus relaciones interpersonales.

La forma de violencia que se denuncia con mayor frecuencia es la de tipo doméstica. El 56 por ciento es psicológica y física (31 por ciento), seguida por la violencia patrimonial (5,4 por ciento), sexual (5 por ciento), simbólica (2 por ciento) y política (0,6 por ciento).

La violencia de género perpetuada contra las madres también afecta a los hijos e hijas. Al menos 10.000 niños, niñas y adolescentes son hijas/os de mujeres vinculadas a procesos de violencia iniciados durante este año.
Las estadísticas de REJUCAV también revelan que el 55 por ciento de las víctimas de violencia mantenía con la persona agresora un vínculo de pareja (conviviente o ex conviviente).

Durante el 2022 una de cada 34 mujeres de 18 a 29 años se encontró en situación de violencia en Entre Ríos. En 2020 hubo 11.855 niñas y mujeres víctimas de violencia en causas judicializadas; otras 13.024 en 2021, y desde enero de este año se registraron 10.475.

Dado el alto índice de la población de mujeres que sufren violencias y a que las mismas configuran violaciones a los derechos humanos, existe un interés en su protección por parte del Estado. Se trata de un compromiso de no tolerar esos actos violatorios de derechos humanos establecidos en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención de Belem do Pará.